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El Consultorio Jurídico es un servicio social gratuito dirigido a la comunidad de escasos recursos, donde los estudiantes de los últimos semestres de la Facultad de Derecho y Ciencias Humanas de la Fundación Universitaria Luís Amigó, presentan asistencia.
 
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Falsedad en documento

 
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Autor Mensaje
Luis Andrés
Invitado





MensajePublicado: Mie Ago 24, 2011 3:42 pm    Título del mensaje: Falsedad en documento Responder citando

Para obtener un trabajo como docente en la secretaria de educación presenté unos documentos falsos. Cuando fui decubierto presenté mi renuncia. Me citan para notificarme y posteriormente para rendir declaración en versión libre. ¿Qué delitos estoy cometiendo? ¿Se presenta dolo en esta situación? ¿Cuál es la pena? ¿es excarcelable?
Agradezco su colaboración.
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luis.vallejogo



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Mensajes: 52

MensajePublicado: Vie Sep 02, 2011 11:30 am    Título del mensaje: FALSEDAD EN DOCUMENTO Responder citando

Medellín, 01 de septiembre de 2011

Señor
Luis Andrés
Usuario Virtual Consultorio Jurídico
Fundación Universitaria Luis Amigó FUNLAM
Asunto: Falsedad en Documento

Respetado señor Luis Andrés:

Reciba un cordial y respetuoso saludo de parte del Consultorio Jurídico de La Fundación Universitaria Luis Amigó, Sede Medellín, a la vez que agradecemos la utilización de este espacio, desde el que esperamos dejar resueltas todas las inquietudes que en materia jurídica se le presenten.

Antes de dar respuesta al asunto de referencia, el Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Fundación Universitaria Luis Amigo, le informa que los conceptos emitidos por los estudiantes de último semestre de Derecho, reciben un filtro de profesores profesionales en Derecho, antes de ser enviados al usuario, de tal forma que gocen de la coherencia y pertinencia que la consulta requiere.

La consulta está encaminada a conocer las consecuencias derivadas de la falsificación de un documento para lograr un empleo como docente en la Secretaría de Educación de su municipalidad. Para desarrollar a profundidad el asunto, este Consultorio Jurídico abordará uno a uno los interrogantes por Usted planteados.

Como primera medida, explicarle que si fue citado a una versión libre, significa que existe en curso una indagación preliminar para determinar el posible inicio de un proceso disciplinario en su contra, aún estando retirado (por renuncia) del cargo que venía desempeñando, tal y como lo señala la Ley 734 de 2002, que es el Código Disciplinario Único. Sin embargo, y pese a encontrarse incurso en una probable investigación disciplinaria, las consecuencias que se den de ella, no lo eximen de la responsabilidad penal que las conductas cometidas, le puedan acarrear. Se le informa que para esa versión libre, puede hacerse a los servicios de un profesional del Derecho.

Es el Libro II, del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), Parte Especial de los Delitos en Particular, en su Título IX, Delitos Contra la Fe Pública, en el Capítulo III, donde se desarrolla el tema que interesa a esta consulta, que es la Falsedad en Documentos. Pero, ante la precariedad de la información suministrada sobre la forma de falsificación, el documento o documentos falsificados y la intervención personal en esa falsificación, es preciso realizar el siguiente análisis:

Para la mejor comprensión de la conducta realizada, se explican los conceptos de Falsificación ideológica y material en documento. La primera, esto es, la falsificación ideológica, consiste en presentar como prueba un documento auténtico, pero con información falsa. Quiere decir que es posible que para lograr un empleo, el aspirante presente un documento auténtico de experiencia laboral anterior, firmado por el representante legal, pero con información que no corresponde a la verdad, en otras palabras y para ilustrar mejor el caso de referencia, podría informar el documento que la experiencia es de diez años, cuando la realidad dice que tan solo fueron cuatro; o que el trabajador desempeñó cargo directivo cuando la realidad señala que fue solo auxiliar.

La Corte Constitucional Colombiana, en sentencia C-637 de 2009, dijo sobre la falsedad ideológica que, “La falsedad ideológica en documentos se presenta cuando en un escrito genuino se insertan declaraciones contrarias a la verdad, es decir, cuando siendo el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falsas sobre la existencia histórica de un acto o un hecho, o sus modalidades, bien porque se los hace aparecer como verdaderos no habiendo ocurrido, o cuando habiendo acontecido de determinada manera, son presentados de una diferente”.

Ahora bien, Un documento materialmente autentico es el que pertenece al que se imputa y no ha sido alterado. Hay falsedad material por tanto, cuando el escrito aparenta un origen diferente del real, o cuando se altera su contenido informativo, de manera que deje de ser el que era, el original o primitivo. Es falso pues, el documento que en su condición actual no corresponde a su autor expreso o declarado.

Por lo tanto, se puede considerar que la falsedad material consiste en un hecho punible por una acción dolosa tomando en cuenta las siguientes circunstancias: a) Hacer un documento total o parcial, es decir, falsificando o imitando los signos de autenticidad y; b) Alterar uno verdadero, significa aprovecharse de los signos de autenticidad para referirlos a otro contenido distinto del original. Para el caso en estudio, podría ser la elaboración de un certificado laboral, modificación total o parcial del mismo, elaboración de un certificado de estudio, entre otros.

En cualquiera de los dos casos, no es posible considerar que quien realiza la conducta, ideológica o material, pueda alegar culpa. Son conductas que se dan a título de dolo, pues su realización y presentación como prueba en el caso de la falsificación de documentos, lleva implícito el conocimiento de la falta.

La explicación, radica en que es precisamente el momento intelectivo o cognoscitivo del fenómeno, con lo cual se van retirando del derecho penal de acción y se van circunscribiendo a la esfera puramente mental, siendo indiscutible que conforme con la doctrina y la legislación mayoritaria –en la que queda incluida la colombiana-, el dolo requiere tanto de lo cognoscitivo como de lo volitivo. Entonces, la conducta es dolosa cuando se sabe, cuando se conoce y se comprende como contrario a la ley aquello que se quiere hacer, y voluntariamente se hace.

Finalmente, respecto a este tema del dolo, debe ser entendido como el conocimiento del autor de la conducta constitutiva de infracción penal, unido a ese querer o voluntad de lesionar la Ley. En el caso que se ocupa, es la conducta a conciencia y con conocimiento de transformar, modificar, alterar o presentar distorsión en documentos que han servido como prueba para la consecución de un fin.

Ahora, se aborda el tema de la tipificación jurídica de la conducta realizada con la acción de falsificar documentos. Pero para explicar a cabalidad la conducta típica precisa, y ante la falta de conocimiento si la falsificación recayó sobre un documento público o uno privado, se explica a continuación su diferencia. Esto, en atención a que la punibilidad no es la misma.

El documento público, según el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil Colombiano, es “el otorgado por funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública”.
Sin embargo, y para conocimiento suyo, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, al respecto del documento público, han considerado que incluso particulares que en ejercicio de funciones públicas, cuando levantan documentos tendientes a probar o demostrar actuaciones propias de su ejercicio, deben ser considerados como documentos públicos.

Respecto del documento privado, reza el mismo artículo 251 ibídem , que “es aquel documento que no cumple los requisitos del documento público”, es decir, es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de éste para su elaboración. Los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en ejercicio de sus actividades. No obstante, un documento privado puede adquirir la connotación de documento público cuando ese documento es presentado ante notario público.

Dicho esto, el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), prescribe en su artículo 287 que:

ARTICULO 287. FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que falsifique documento público que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses. (Subrayados y negrillas no originales).

Así mismo, el mismo código en su artículo 289 reza que:

ARTICULO 289. FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO. <Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005. El texto con las penas aumentadas es el siguiente:> El que falsifique documento privado que pueda servir de prueba, incurrirá, si lo usa, en prisión de dieciséis (16) a ciento ocho (108) meses. (Subrayados y negrillas no originales).

También considera importante este Consultorio Jurídico, relacionar lo descrito en el artículo 291 de la norma ibídem:

ARTICULO 291. USO DE DOCUMENTO FALSO. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin haber concurrido a la falsificación hiciere uso de documento público falso que pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años.
(…)
(Subrayados y negrillas no originales).

Como puede observar respetado Usuario, las penas para este tipo de delito, dependen y varían según sea un documento público, privado o como lo señala el último artículo relacionado, depende de la participación en la utilización o fabricación del documento falso utilizado como prueba para obtener el empleo.

Así las cosas, y teniendo en cuenta las penas de prisión de que hablan estos artículos, se procede a considerar la posibilidad de excarcelación.

El artículo 315 del Código de Procedimiento Penal Colombiano (Ley 906 de 2004), prescribe que:

ARTÍCULO 315. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 1142 de 2007. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando se proceda por delitos cuya pena principal no sea privativa de la libertad, o por delitos querellables, o cuando el mínimo de la pena señalada en la ley sea inferior a cuatro (4) años, satisfechos los requisitos del artículo 308, se podrá imponer una o varias de las medidas señaladas en el artículo 307 literal b), siempre que sean razonables y proporcionadas para el cumplimiento de las finalidades previstas. (Subrayados y negrillas no originales).

Condición que puede considerarse, si se tiene en cuenta que el Artículo 289 del Código Penal (Ley 599 de 2000), establece un mínimo de la pena para la falsificación de documento privado, tan solo en 16 meses, opción que no concurre para los otros dos delitos, esto es falsedad material en documento público y uso de documento falso.

Pero, el artículo 38 de la norma ibídem, señala que:

ARTICULO 38. LA PRISION DOMICILIARIA COMO SUSTITUTIVA DE LA PRISION. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:

1. Que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de cinco (5) años de prisión o menos.
2. (…)

Al igual que podría existir la posibilidad de considerar lo preceptuado en el artículo 38ª de la norma ibídem:

ARTÍCULO 38A. SISTEMAS DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA COMO SUSTITUTIVOS DE LA PRISIÓN. <Artículo modificado por el artículo 3 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica durante la ejecución de la pena, como sustitutivos de la prisión, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
1. Que la pena impuesta en la sentencia no supere los ocho (8) años de prisión.
2.(…)

Finalmente, el Artículo 63 del Código Penal, prescribe que:

ARTICULO 63. SUSPENSION CONDICIONAL DE LA EJECUCION DE LA PENA. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) a cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres (3) años.
2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena.

(…)

Como puede observar, respetado Usuario, existen algunas posibilidades de atenuar las consecuencias a la conducta por Usted realizada, afectando el bien jurídico tutelado de la Fe Pública. Pero existe finalmente una posibilidad de lograr otros beneficios por el allanamiento (aceptación) de la conducta realizada, según lo prescrito en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal, que reza así:

ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
(…)

Aunque la situación parece complicada, este Consultorio Jurídico, le recomienda hacerse a los servicios de un profesional del Derecho, a fin de ser orientado de forma pertinente y que pueda lograr los mayores beneficios posibles. Si por el contrario, no cuenta con los recursos económicos para hacerlo, se le recomienda acercarse a cualquier Consultorio Jurídico de las Facultades de Derecho donde reside, para que se le brinde toda la asesoría que satisfaga sus inquietudes.

Esperamos que su inquietud haya sido resuelta satisfactoriamente y que utilice los servicios de este sistema, cuando a bien lo considere.

Cordial saludo,




Luis Fernando Vallejo Gómez
C.C. 71.641.562 de Medellín
Estudiante Derecho
Fundación Universitaria Luis Amigó
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