Durante el 28 y 29 de julio, se llevaron a cabo labores que aportaron a la descongestión administrativa del ICBF y al fortalecimiento de la atención de población de especial protección constitucional. Pero más allá de la atención de los casos, la jornada representó un ejercicio de articulación entre instituciones con responsabilidades frente a la garantía de derechos.

Para Maryory Moreno Pardo, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, este trabajo conjunto permite que la Universidad ponga sus capacidades al servicio de la comunidad: “No se trata solamente de orientar a las personas, sino de generar una articulación efectiva con el ICBF para que quienes requieren acceder a la conciliación puedan hacerlo de manera cercana y oportuna”.

Uno de los principales aportes consistió en brindar continuidad a las situaciones identificadas durante la jornada. Las solicitudes recibidas dieron paso a la programación de conciliaciones, de modo que los casos pudieran avanzar hacia un mecanismo concreto de solución de conflictos y no permanecer únicamente en una primera orientación.

Lo anterior permitió que esta doble jornada cobrara especial importancia en asuntos relacionados con la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La experiencia reafirma, además, el papel de la Universidad en escenarios de proyección social, al poner a disposición de la comunidad los servicios y espacios del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, adscrito a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y al establecer alianzas con entidades encargadas de la protección de derechos.

De esta manera, la Institución contribuye a ampliar las posibilidades de acceso a la conciliación y a brindar respuestas frente a situaciones que requieren atención. Como concluye la directora, “es una manera concreta de aportar, desde la Universidad, a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.