Uno de los obstáculos en la interrupción voluntaria del embarazo es la aplicación arbitraria de la objeción de conciencia médica. Chocan las creencias y los derechos de pacientes y profesionales de la salud.

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Aunque el aborto en Colombia no está despenalizado completamente, las razones extraordinarias descritas por la Corte Constitucional generan disputas jurídicas y morales. El dilema se presenta entre las libertades que otorga la Constitución Política y las disposiciones modificatorias de una ley que cobija tanto a pacientes como a médicos.

“Pasaron 30 días para que yo denunciara la violación porque tenía miedo de lo que hicieran estos paramilitares contra mi familia. Pero cuando me salió positiva la prueba de embarazo, comprendí que tenía que abortar”, relata Doris, residente de un barrio del nororiente de Medellín a quien la violaron dos paramilitares.

Viuda hace siete años y madre de dos adolescentes, Doris quiso interrumpir el embarazo producto del vejamen, pero los incumplimientos en la garantía del derecho al aborto la enfrentaron a varios obstáculos que le impidieron recibir una atención oportuna.

La decisión de Doris se basaba en el fallo de la Corte que despenalizó, en mayo de 2006, el aborto en Colombia para tres condiciones -según la sentencia C-355-: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o salud de la mujer; en caso de malformación fetal incompatible con la vida y cuando el embarazo sea resultado de una violación.

Las consideraciones de la Corte en ese sentido se complementaron con los decretos, resoluciones y circulares del Ministerio de Protección Social para darle cumplimiento a la sentencia.

La vida, un caos

“Mi vida no podía ser un mayor caos. Yo estaba muy desesperada: me les tiraba a los carros, tomaba veneno, me rodaba por las escalas y hasta me introducía cepillos en la vagina. No me importaba la vida. Cuando tenía siete semanas de gestación fui a la Casa de Justicia y la sicóloga de allí me acompañó a interponer la denuncia a la Fiscalía. Estuvimos en Medicina Legal donde encontré el peor de los tratos: cuando me hicieron el tacto, yo sentí dolor y el médico me dijo en tono de reproche: ¿Por qué se queja? ¡Cómo cuando se lo hicieron no sintió dolor!”, recuerda.

Las estadísticas sobre acceso carnal violento en Medellín dan cuenta de la situación de violencia sexual. Según la Fiscalía General de la Nación, en 2008 se interpusieron 1.590 denuncias por abuso sexual en la ciudad. Por su parte, en el primer trimestre de 2009 se registraron 711 casos de violencia sexual, de los cuales 428 corresponden a menores de edad: 346 niñas y 82 niños. Esta situación no sólo pone en evidencia el aumento de casos por este tipo de delito, sino la disminución del subregistro gracias a la actitud de las víctimas que, como Doris, deciden denunciar.

“Después me fui para la Unidad Intermedia de Salud de Santa Cruz y luego a la de San Javier, pero no me atendieron. Luego acudí al Hospital General, pero allí también me iban a dar una cita ginecológica. En ese momento, me sentí angustiada y, cuando menos pensé, me desmayé. Me atendieron por Urgencias y el médico volvió a pedirme los mismos papeles: la orden de la Fiscalía, una carta que expresara mi decisión de interrumpir el embarazo, etc. Pero, además, me puso a escuchar el corazón del feto y me dijo que abortar era pecado, que yo no podía hacer eso. Entonces, le contesté: no me muestre nada, no quiero escuchar nada, ¡yo lo que quiero es abortar!”

No les creen

La abogada y coordinadora del nodo Antioquia de la Red Nacional de Mujeres, Yulieth Gómez, sostiene que a las mujeres abusadas no les creen su testimonio y por ello las instituciones de salud les solicitan certificados de jueces y fiscales.

Se trata de obstaculizar el acceso al derecho porque la sentencia no estipula este tipo de documentos para la práctica del procedimiento, pues con la copia de la denuncia basta para solicitar la atención, dice.

Según Gómez, cuando en una institución se dilata el trámite de un procedimiento abortivo, se debe, en la gran mayoría de los casos, a la objeción de conciencia médica que no se gestiona adecuadamente, pues los médicos optan por pedirles a los pacientes requisitos innecesarios y prefieren no oficializar la objeción, incluso, dentro de la historia clínica.

“La Corte determinó que la objeción de conciencia debe ser sustentada por escrito y verificada por el tribunal de ética médica. Además, aclaró que sólo el personal asistencial puede ser objetor de conciencia y no el administrativo”, explica la activista.

Daniela Vergel, directora del programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la ong internacional Women´s Link Worldwide (Vínculo Mundial de la Mujer, por su sigla en inglés) y a la cual pertenece la abogada Mónica Roa, autora de la demanda de despenalización del aborto en Colombia -recuerda el proceder de un médico una vez objeta conciencia y el criterio de la Corte con respecto a una posible objeción institucional.

“La objeción de conciencia aplica solo para personas naturales y no jurídicas porque las instituciones no tienen conciencia. Además, la Corte Constitucional consideró que los médicos tienen derecho a objetar conciencia, pero, en estos casos, tienen la obligación de remitir a las pacientes a los profesionales no objetores. Por ello, la red pública tiene que ofrecer una lista de personal asistencial no objetor con el fin de practicar los procedimientos en un tiempo máximo de cinco días”.

Doris siguió su lucha

“Del Hospital General de Medellín me remitieron para la Unidad Intermedia de San Javier. Durante mi estancia en esa institución me acompañó la trabajadora social del Centro de Recursos Integrales para la Familia (Cerfami), con el fin de verificar las dificultades que tenía y una doctora me mandó medicamentos que tuvo que comprar la trabajadora social porque el Sisben no los cubre.

“Esas pastillas no me hicieron efecto y me desesperé tanto que me metía molinillos en la vagina. Que mi Dios me perdone, pero yo necesitaba salir rápido de ese engendro”.

Entonces, comenzó una larga espera para Doris, paciente como paciente en la Unidad Intermedia de San Javier. “La doctora me recetó de seis a siete fórmulas, pero ninguna me sirvió porque el medicamento debía ser suministrado cada seis horas y esto nunca se cumplía”.

Finalmente, llegó el día en que me hospitalizaron. Los médicos me pusieron más medicamentos y tampoco sirvieron. Me decían que me tranquilizara, que comiera, pero yo les respondía: que no iba ni a comer ni a dormir. ¡Yo vine a salir de este engendro! Como era jueves santo, una enfermera me dijo que eso era un llamado de Dios para que yo no cometiera ese pecado. Recriminaciones parecidas recibí mientras estuve en todo el proceso”, añade. 

Etapa crítica

Ese periodo fue crítico en la atención de estas mujeres en Medellín, tal como lo reconoce el personero, Jairo Herrán Vargas, quien reconoció las dificultades que se presentaron en los meses siguientes al fallo, en el 2006.

“Actualmente, en contraste con la etapa crítica de 2006, la Personería no registra casos en los que tenga que intervenir para que alguna entidad de salud practique el aborto legal. Desde el 2007 hasta la fecha se normalizó la situación, pues en el 2006 hubo una reacción del personal que dificultó la aplicación de la sentencia”, afirma el funcionario.

Sin embargo, el caso de Doris se registró en marzo pasado lo cual es una muestra de las dificultades que aún persisten en el ejercicio del derecho al aborto.

Según el agente del Ministerio Público en Medellín, la Personería acompañó 35 casos por la causal de violencia sexual en el 2006, de los cuales siete mujeres resultaron embarazadas como consecuencia del acceso carnal. En el 2007 se reportaron a la Personería 70 casos hasta septiembre, de los cuales trece correspondieron a mujeres embarazadas a causa de la violencia sexual. El 98 por ciento de estos casos desembocaron en la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo.

“Si me dio dolor, no lo sentí”

“La médica de San Javier se fue y el otro profesional al que me remitieron me negó la atención. Entonces, el 23 de abril, la abogada que tomó mi caso se reunió con la gerente de la Unidad Intermedia de San Javier y se dio cuenta de que mi caso iba a ser muy complejo. Por eso, ella gestionó con la EPS y logró que me remitieran al Hospital General, donde me hospitalizaron el 29 de abril.

“Al día siguiente iba a abandonar el hospital. Los médicos ordenaban a las enfermeras aplicarme las fórmulas y no lo hacían. Además, los medicamentos no me hacían efecto y ya estaba desesperada.

“En la madrugada del 2 de mayo llegué a un nivel tal de desesperación que introduje en la vagina el cepillo de dientes envuelto en un guante de cirugía. Al verme tan deprimida, la médica que me atendía decidió acelerar el proceso aplicándome Pitocín, al tiempo que me advirtió sobre el riesgo que eso representaba. Sin embargo, yo le dije que si no me había muerto tirándome a los carros, tomando veneno y lanzándome de pisos altos, mucho menos con esa droga”.

Con la dosis, Doris expulsó al feto. “Fue tanto el desespero mío, que si me dio dolor, no lo sentí”, dice. 

Mentir para vivir

Doris acepta que su familia no sabe qué pasó. “Me duele haber dicho mentiras para protegerlos porque siempre tuve el temor de que si ellos se enteraban, pudiesen tomar represalias contra los paramilitares que abusaron de mí”, afirma.

Para justificar sus permanentes idas a los centros médicos dijo que estaba enferma de cólicos y que, para pagar la atención, dijo que era desplazada. “Mi familia se puso a llorar y me dijo que yo no tenía por qué decir eso, pues, si hubiera sido necesario, hasta limosna hubieran pedido”.

Un estudio del Centro de Investigación en Salud Sexual y Reproductiva de la Universidad de Antioquia (Nacer) y la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, en cuatro hospitales –incluyendo a la Unidad Intermedia de San Javier y el Hospital General de Medellín - concluyó que de 32 interrupciones voluntarias del embarazo practicadas en los primeros dos años de la sentencia, el 65 por ciento es atribuido a la causal de violación, seguido de malformación fetal (15%), el 12,5% amenaza a la salud física de la mujer y 3% amenaza su salud mental.

No obstante, las instituciones distan mucho de ofrecer a las mujeres una interrupción del embarazo oportuna debido a la descontextualización y desinformación que, incluso, caracteriza a las entidades de vigilancia y control.

Cuando AzulNaranja consultó a la secretaria de Salud de Medellín, Luz María Agudelo, sobre las cifras de abortos legales practicados en la ciudad, la funcionaria manifestó que el registro de estos casos lo recopilaba la Dirección Seccional de Salud de Antioquia.

Sin embargo, al indagar al respecto con el director Seccional, Carlos Mario Rivera, este se mostró sorprendido con el planteamiento del tema y remitió a AzulNaranja de nuevo a la funcionaria municipal para que proporcionara los datos correspondientes.

Este panorama da cuenta de la lentitud en la aplicación de la medida, a pesar de los esfuerzos de varias instituciones de la ciudad. La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo no debe significar un choque de derechos entre quienes solicitan el aborto y quienes lo objetan alegando su derecho a la libertad de conciencia, pues la clave puede estar en el manejo adecuado de cada facultad.

De acuerdo con la abogada Yulieth Gómez, todo lo acontecido con Doris pudo haberse evitado si el médico objetor hubiese remitido a la paciente a otro profesional que practicara estos procedimientos, pues esa actitud hubiera agilizado la atención.

“El problema no es la objeción de conciencia, sino su aplicación en las instituciones porque uno de los principios para ejercer este derecho es no causar daños a terceros”.

Y al fondo, en el horizonte que propone la despenalización del aborto por estas causas va emergiendo, lento pero inexorable, el monstruo de la violencia sexual contra las mujeres.